Julio 2026
En esta ocasión, ya en pleno verano, os aportamos los comentarios de tres importantes resoluciones del Tribunal Supremo que inciden en aspectos muy distintos, pero todos muy importantes para la cotidianeidad de empresas y trabajadores.
Caso 1: Presencialidad y retribución variable
STS 522/2026, de 29 de mayo
La STS núm. 522/2026, de 29 de mayo, estima que la baja médica solo puede utilizarse como criterio para la determinación de la retribución variable si se reducen proporcionalmente a su duración los objetivos exigibles. Aplica similares criterios para las ausencias derivadas de sanciones de suspensión de empleo y sueldo.
Caso 2: Cesión ilegal en la doctrina constante del Tribunal Supremo
STS núm. 548/2026, de 16 de junio
La STS núm. 548/2026, de 16 de junio, reitera una doctrina constante en la interpretación de la existencia de la cesión ilegal. Esta vez en el supuesto de la relación entre una ETT y la empresa usuaria. Su apreciación depende de la no puesta en juego de la organización empresarial por la empresa cedente o contratista, de su actuación o no como verdadero empresario en el caso concreto. Existe cesión ilegal cuando la ETT no opera con la empresa usuaria en los casos permitidos por la norma.
Caso 3: Un nuevo paso en la expansión de la garantía de indemnidad
STS núm. 562/2026
La STS 562/2026 resuelve que la negativa de una trabajadora a aceptar verbalmente una modificación de sus condiciones de trabajo, seguida de un despido pocos días después, queda protegida por la garantía de indemnidad y, en consecuencia, el despido efectuado no es improcedente sino nulo. Y es que para el TS el ámbito de protección de la garantía de indemnidad abarca no solo la reacción empresarial frente a acciones judicial del trabajador sino también frente “a actos previos, preparatorios o instrumentales dirigidos a reclamar derechos: reclamaciones internas, reclamaciones previas, papeletas de conciliación, denuncias ante la Inspección de Trabajo, actuaciones administrativas, solicitudes empresariales formalizadas, quejas canalizadas por representantes o actos inequívocamente orientados a activar la defensa jurídica del trabajador”.
