Abril 2026
Gemma Fabregat, Of Counsel de Sagardoy, analiza cuatro disposiciones recientemente aprobadas que introducen cambios relevantes en materia laboral.
1. Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026
El BOE de 31 de marzo publica la Orden de cotización para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, en un contexto de prórroga presupuestaria y desarrollo del RDL 3/2026. La norma fija el tope máximo de cotización en 5.101,20 euros mensuales (4.909,50 € en 2025), mientras que la base mínima se vincula al SMI incrementado en un sexto, con un mínimo de 1.424,40 euros mensuales.
Se mantiene el tipo por contingencias comunes en el 28,30% (23,60% empresa y 4,70% trabajador), sin cambios respecto al ejercicio anterior, incluyendo la cotización por horas extraordinarias.
2. Real Decreto 316/2026, de 14 de abril: Nuevas vías de regularización por arraigo y habilitación provisional para trabajar
El RD 316/2026, de 14 de abril, modifica el Reglamento de Extranjería aprobado por el RD 1155/2024, introduciendo diversas reformas en materia de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales y creando dos nuevas vías de regularización extraordinaria, con especial incidencia en la habilitación para trabajar durante la tramitación de los procedimientos.
La norma incorpora, en primer lugar, una nueva autorización de residencia temporal por arraigo dirigida a personas solicitantes de protección internacional que hubieran formulado su solicitud antes del 1 de enero de 2026. Esta autorización podrá solicitarse hasta el 30 de junio de 2026, tiene una duración inicial de un año y se configura como una autorización por circunstancias excepcionales por razón de arraigo social. Entre los requisitos exigidos se encuentran la permanencia continuada en España durante al menos cinco meses, la carencia de antecedentes penales y la inexistencia de riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública.
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