Marzo 2026

Gemma Fabregat, Of Counsel de Sagardoy, analiza cuatro disposiciones recientemente aprobadas que introducen cambios relevantes en materia laboral.

1. Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. BOE de 19 de febrero de 2026

En el BOE de 19 de febrero de 2026 se ha publicado el Real Decreto 126/2026, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026, en aplicación de lo previsto en el art. 27 ET, estableciéndose un incremento del 3,1 % respecto de las cuantías fijadas para 2025.

De acuerdo con su art. 1, el salario mínimo interprofesional para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios se fija en 1.221 euros al mes, 40,70 euros al día y 17.094 euros brutos al año en cómputo anual, lo que supone un incremento de 37 euros mensuales respecto del importe vigente en 2025, cuando el salario mínimo estaba fijado en 1.184 euros mensuales y 16.576 euros anuales.

 

2. Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos. BOE de 19 de febrero de 2026

El RD-ley 5/2026 se aprueba con el objetivo de adoptar medidas urgentes en respuesta a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en determinadas zonas de Andalucía y Extremadura, incorporando un conjunto heterogéneo de medidas de carácter presupuestario, tributario, laboral y de Seguridad Social.

Desde la perspectiva laboral, de protección por desempleo y de Seguridad Social, la norma concentra su contenido esencial en tres grandes bloques: la modificación de la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF, la aprobación de un régimen extraordinario en materia de suspensión de contratos, reducción de jornada, mantenimiento del empleo y protección por desempleo en las zonas afectadas, y la adopción de medidas excepcionales en materia de Seguridad Social, incluyendo cese de actividad, exenciones en cotización, moratorias y reglas específicas en relación con el Ingreso Mínimo Vital.

 

3. Resolución de 18 de marzo de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2026. BOE de 19 de marzo de 2026

Mediante resolución de 18 de marzo de 2026 se ordena la publicación del Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se convalida el RD-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en determinadas zonas de Andalucía y Extremadura, referido en el apartado anterior.

La convalidación se produce de conformidad con lo previsto en el art. 86.2 CE, que exige la convalidación de los reales decretos-leyes por el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días desde su promulgación para mantener su vigencia como norma con rango de ley.

 

4. Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. BOE de 21 de marzo de 2026 (Convalidado por el Congreso el jueves 26 de marzo de 2026)

El RD-ley 7/2026 se aprueba en un contexto de crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio y de sus efectos económicos, energéticos y sociales sobre la economía española, articulando un plan integral de respuesta que incorpora medidas de carácter energético, industrial, económico y social dirigidas a mitigar el impacto de la crisis sobre las empresas, la actividad económica, el empleo y la ciudadanía.

Desde la perspectiva laboral, las medidas relevantes se concentran en el Título VI, relativo a las medidas de carácter social, y se articulan fundamentalmente en torno a dos ejes: la prohibición de despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas y el adelantamiento del plazo de implantación de los planes de movilidad sostenible al trabajo previstos en la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, vinculándose en ambos casos el incumplimiento de estas obligaciones al reintegro de las ayudas recibidas.

 

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