Diciembre 2025
Gemma Fabregat, Of Counsel de Sagardoy, analiza seis disposiciones recientemente aprobadas que introducen cambios relevantes en materia laboral.
Real Decreto-Ley 12/2025, de 28 de octubre (DANA).
Real Decreto-ley 12/2025, de 28 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
El Real Decreto-ley 12/2025 actualiza y unifica las medidas laborales y de Seguridad Social vinculadas a la DANA de 2024. Su finalidad es sencilla: mantener el empleo, sostener a los autónomos y dar liquidez a las empresas mientras la actividad económica se recupera. Con ello, el Gobierno cierra la fase de urgencias y ordena un marco común de apoyo laboral y productivo en los municipios afectados.
Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos.
Resolución de 18 de noviembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2026.
La Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, de 18 de noviembre de 2025, aquí referida, aprueba, como cada año, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos para 2026 en la Administración General del Estado. Parte del artículo 30 de la Ley 39/2015, que obliga a la AGE a publicar este calendario antes de que empiece el año y a hacerlo siempre conforme al calendario laboral oficial. Esa referencia laboral ya había sido fijada por la Dirección General de Trabajo en octubre, y ahora Función Pública lo traslada al cómputo de plazos.
Recuperación económica y social de la Isla de La Palma tras las erupciones volcánicas.
Real Decreto-ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
El Real Decreto-ley 13/2025 continúa el paquete de medidas laborales y de protección social que se viene aplicando en La Palma desde la erupción de 2021. La idea de fondo es muy sencilla: cuatro años después, todavía hay fincas y zonas enteras donde no se puede trabajar por los gases o el calor residual de las coladas, y siguen existiendo colectivos que no han podido recuperar su actividad económica normal. Se trata de una norma, por tanto, que mantiene y amplía algunos mecanismos laborales y de alivio financiero que habían funcionado en años anteriores.
Real Decreto 1065/2025, de 26 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen del contrato formativo.
Real Decreto 1065/2025, de 26 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen del contrato formativo, previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El Real Decreto 1065/2025 supone el desarrollo reglamentario de los contratos formativos sustituyendo, definitivamente, toda la normativa anterior.
Su objetivo es dar seguridad jurídica, coherencia y fijar un marco único tanto al contrato de formación en alternancia como al contrato para la obtención de práctica profesional. Con ello, se cierra la etapa de dispersión normativa y se conecta, por primera vez de forma sistemática, la contratación laboral con los nuevos sistemas de Formación Profesional y universitarios.
Retribuciones en el ámbito del sector público.
Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
El Gobierno ha aprobado el RDL 14/2025 para hacer efectivos, sin esperar a una nueva Ley de Presupuestos, los incrementos retributivos en el ámbito del sector público pactados con UGT y CSIF para 2025 y 2026. La prórroga presupuestaria obligaba a una solución inmediata, y esta norma permite aplicar ya las subidas acordadas en todo el sector público, incluidas las empresas públicas y el sector público institucional.
La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de movilidad sostenible.
La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, crea por primera vez un marco jurídico laboral para ordenar cómo deben planificarse los desplazamientos al trabajo en clave de sostenibilidad, seguridad vial y reducción de emisiones. No es una ley de transportes, sino una norma transversal que penetra directamente en la organización laboral: impone a las empresas la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo, activa la negociación colectiva y convierte la movilidad en un nuevo ámbito estructural de diálogo social.
