El pasado 4 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el Proyecto de Ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que actualmente cubren únicamente a algo menos de dos millones de trabajadores, con un notorio estancamiento además en ese entorno desde hace ya muchos años. Las razones de tan exigua cobertura, y de la poca entidad del patrimonio gestionado, que son inferiores de manera radical a lo que ocurre en otros países de Europa, son seguramente múltiples: falta de desarrollo en la negociación colectiva, amplias capas de personas trabajadoras con salarios bajos, insuficientes incentivos fiscales o elevada tasa de cobertura del sistema público de pensiones.

Pero sean las que fueren las razones que explican la falta de desarrollo de los planes de pensiones de empleo, esta iniciativa del Gobierno para impulsarlos de forma decidida ha de ser recibida por todos como una buena noticia y una oportunidad. 

El Proyecto de Ley, de manera inteligente, confía el impulso y desarrollo de los planes de pensiones a la negociación colectiva de ámbito sectorial, que podrá promoverlos a través de convenios o acuerdos colectivos específicos y que, en virtud de su fuerza vinculante, podrán imponer la adscripción obligatoria al plan de las empresas incluidas en su ámbito funcional y territorial de aplicación. Impulso que se abre también a los acuerdos en el ámbito del sector público y a los acuerdos que puedan promover las asociaciones de trabajadores autónomos o las corporaciones profesionales, sindicatos o mutualidades de previsión social.

Especialmente en los planes de empleo privados de carácter sectorial, los llamados sin duda a tomar el máximo protagonismo, su desarrollo requiere de un compromiso real de los negociadores colectivos, sindicatos y organizaciones empresariales. Ese compromiso debe ser fruto de la convicción, por parte de los sindicatos, de que el desarrollo de estos planes de empleo no supone debilitar el sistema público de pensiones ni debilitar la estructura salarial, sino completar y mejorar aquel y hacer ésta más dinámica y flexible en sus contenidos y en su evolución, en función de las cambiantes vicisitudes del ciclo económico. Para las empresas, el impulso en la negociación sectorial de los planes de pensiones de empleo debe ser visto no como un nuevo coste del factor trabajo, sino como un modo de hacer el mismo más eficaz, especialmente en situaciones como la presente en la que el incremento de los precios presiona al alza de los salarios, una parte del cual sería razonable destinar a constituir un ahorro a largo plazo que es beneficioso para la economía en su conjunto y, por tanto, para el fortalecimiento del tejido empresarial.

Es verdad que se percibe en sindicatos y organizaciones empresariales una cierta reticencia o pesimismo sobre el éxito en el desarrollo de estos planes de pensiones sectoriales. Pero sería un error no aprovechar este camino que se abre. Contribuiría a limitar la presión sobre el sistema público, sin que ello signifique dejar de fortalecer sus fundamentos sino al contrario. Y contribuiría también a enriquecer la negociación colectiva, que no puede quedarse al margen en los convenios más importantes de la regulación y desarrollo de una institución tan relevante como la previsión social en el ámbito de la empresa. La ausencia de los interlocutores sociales en el desarrollo de la previsión social solo puede contribuir a que ésta intente su desarrollo al margen de la actuación de aquellos, y seguramente con resultados peores y de manera más injusta, pues probablemente se termine desarrollando la previsión social, como ya ha venido ocurriendo en cierto modo, solo para los trabajadores con salarios más elevados.

Es verdad, desde luego, que el Proyecto puede ser mejorado en su tramitación parlamentaria, y es unánime la opinión de que debe contar con mucho mejor tratamiento fiscal que el muy rácano y escaso que se propone, también en este caso con una visión demasiado corta por parte de las autoridades fiscales. Pero sería imperdonable que este intento, el más serio realizado desde hace tres décadas para impulsar el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, quedara en nada por la inacción de los agentes sociales, alejándonos de las mejores prácticas puestas en marcha por nuestros socios europeos.